domingo, marzo 22, 2020

Genocida número dos




  Después de escuchar al cantante Alberto Plaza en el canal Nueva Mente  sobre una nueva discriminación que tendrán pasar los presos políticos militares a raíz de la pandemia mundial, sentí la necesidad de manifestar a través de esta entrada mi repudio por tal medida. Es pura crueldad, falta de humanidad  y descriterio.

Conocemos la medida del actual presidente de la República, Sebastián Piñera de dejar a los presos políticos militares de Punta Peuco y de otros penales sin el beneficio de estar en sus casas a raíz de la pandemia global que surgió a raíz de Coronavirus-19. Según el gobierno, esos presos son violadores de derechos humanos y cometieron crímenes de lesa humanidad. En ambos casos, están equivocados.

Piñera le teme más a la izquierda que al virus, pues de lo contrario no se entiende tal actitud.
 De nada sirvió la tonta ley contra la discriminación, pues a los militares se les discrimina. Además, se ha vulnerado la igualdad ante ley. En este país hay seres más iguales que otros, desde 1990. Hace 30 años que en Chile no existe el Estado de Derecho.

¿De qué sirvió el tratado que firmó el país recientemente sobre la protección a las personas de la llamada Tercera Edad, en la cual también estaba incluidos los reclusos? Para nada. El Estado chileno transgrede las normas que se compromete respetar. Por tanto, Piñera es violador a los derechos humanos no en el sentido de la izquierda. Les niega a los militares presos el derecho a la vida.

Para actuar con sentido común, lógica, criterio y humanidad no necesita haber firmado tal o cual tratado internacional como nuestras autoridades lo han hecho desde 1990. No hay escuchar a un experto de la ONU, CIDH, la OEA, OMS y de la OECD.

 En los hechos, en Chile no hubo genocidio. Tal delito como ya sabemos no retroactivo. Por tanto, cuando las cortes han fallado así y los políticos se han expresado así, es que se han salido de la Constitución y de la ley.

  Todo lo gira entorno a los derechos humanos, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta la fecha es totalmente arbitrario. Por supuesto, que durante la Unidad Popular no se violaron los derechos humanos, lo que es falso. Aquí hablo en términos de un gobierno. Por otro lado, tampoco fueron violadores de los derechos el Mir y los otros grupos de izquierda de ese período, lo que también es falso. Desde que los militares tomaron el poder, entonces, se comenzó hablar de los derechos humanos.  La Iglesia Católica  hoy como ayer –antes del brote del virus- guardo silencio ante el ataque marxista. Más bien, su máxima autoridad apoyo dicho proyecto que termino en el debacle del país. Fue el primer opositor al Gobierno Militar. El año pasado, uno de sus personeros manifestó ser partidario de una nueva constitución.

Justo después del 11 de septiembre empezó el tema de los derechos humanos. Durante todo el Gobierno Militar el problema no fueron los terroristas o guerrilleros, sino las organizaciones que se crearon para combatirlos. La Iglesia Católica protegió a través de la Vicaría de la Solidaridad a las organizaciones de extrema izquierda que estaban en guerra contra el gobierno de turno. Además, apoyados por países extranjeros como Cuba y los países de la Europa del Este bajo la tutela soviética.
  Asimismo, desde 1990 la izquierda instalo la idea del terrorismo de Estado, lo que es falso. No existe tal cosa. Y que solamente los agentes del Estado son los que cometen violaciones a los derechos humanos, con lo cual el delincuente a partir de esa fecha es una víctima del sistema económico.  Antes eran los terroristas. Por eso, hemos visto a lo largo de estos años que cada vez que un carabinero actúa y hiere a un maleante, lo dan de baja. Y la coronación de tal estupidez llega con la reforma pro ONU a Carabineros, que los deja en la más completa indefensión. Carabineros ya no será una fuerza. Con la insurrección quedaron totalmente sin derecho a la autodefensa, pues matan o hieren a un saqueador, a un  ‘primea línea’, a unos terroristas, entonces, son violadores de los derechos humanos.

  El señor José Rodríguez Elizondo antes de la plaga escribió un artículo titulado Los silencios del estallido en que habla de la relación civil militar y de la competencia de las Fuerzas Armadas. Quizás por temor para él y alivio para otros, que intervengan los militares. Esa otra columna para contar medias verdades, pues él formó parte de la Unidad Popular. No le gusta la expresión ‘cívico-militar’, pues probablemente lo asocie al Gobierno Militar. Enfatiza el profesionalismo de los militares en su ámbito a partir de unos supuestos artículos del general Prats publicados en Argentina, omitiendo que fue Allende quien puso a los militares en la política. Luego recoge la idea del general marxista: ese legado se reconocía la especificidad de la vida militar, con su disciplina jerárquica y su universo simbológico; se llamaba a distinguir entre la revancha y la necesidad de hacer justicia en materia de derechos humanos; se postulaba la inserción castrense en la sociedad y se convocaba a dialogar con los militares que quisieran dialogar”. Según Elizondo, eso lo llevo a cabo a la ex Concertación. Para la izquierda marxista leninista, las Fuerzas Armadas eran su enemigo como muestran las declaraciones del Partido Socialista en el congreso de Chillán y del Mir. Es absurdo que los militares dialogaron con quienes pretendían destruirlo. Mete otra idea de los noventa, a saber, de la inserción castrense en la sociedad, si ellos siempre han formado parte de ella. Sólo los militares violan los derechos humanos, no los terroristas. Él no distingue entre justicia y venganza, pues lo que sufren los militares presos es venganza.

Los derechos humanos tal como lo entiende la izquierda, la ONU y otras organizaciones como Amnistía Internacional, Human Right y los intelectuales como el señor Elizondo no consideran el derecho a la autodefensa como un derecho humano. El único que merece respeto por vida es el agente que usa la violencia, no aquel que emplea la fuerza o usa la autodefensa.

  No hay que pedirle peras al olmo. Recuerden que el año pasado, cuando algunos presos políticos se les otorgó la libertad condicional, después de varios años de negárseles, la izquierda presiono para que se cambiaran las condiciones para acceder a ella. Este problema, finalmente, lo zanjo el Tribunal Constitucional, quien previa golpiza que recibió su presidente, decidió poner condiciones que los militares por su edad y la cantidad de condenas, hacen imposible que puedan acceder a ellas. Así ese tribunal se salió de la ley y la Constitución.

  Y este verano ante el deceso del abogado de derechos humanos de izquierda, José Zalaquett, el Presidente Piñera dijo: “Significa una pérdida para la causa de los derechos humanos y para Chile. Le debemos mucho a José, quien estuvo abierto al diálogo y colaborar con las buenas causas”. Cabe recordar que el fallecido abogado fue parte de la sesgada e inconstitucional “El Informe Rettig” y que es la causa de la persecución que continua hasta ahora.

Igualmente, la ex demócrata cristiana, Mariana Aylwin le rindió  un homenaje por su cuenta twitter. Si hasta “el mechero” Gabriel Boric que admira a los terroristas del Mir ,del FPMR y apoyado la violencia que estalló el 18 de octubre lo considera un maestro: “Gracias maestros por haber enseñado a dudar”. Dicho sea de paso, si Boric creyese en la duda, él y la izquierda no tendrían que enojarse porque alguien cuestiona las llamadas ‘violaciones a los derechos humanos’. Como vemos, se contradicen.

El mismo Boric a raíz del proyecto que pone a las Fuerzas Armadas resguarden la estructura crítica del país dijo: “Hoy votaremos en la Comisión  de Constitución proyecto del gobierno que resguarden  la estructura crítica del país. Votaré en contra. No estoy disponible para permitir que las Fuerzas Armadas medien en conflictos sociales poniendo en riesgo los derechos humanos”. Tales afirmaciones suponen varias cosas. Para él las personas que han tirado bombas molotov, lanzado piedras y usado hondas contra Carabineros no violan los derechos humanos. Además, de los que han saqueado e incendiado supermercados. El que ejerce la violencia no viola los derechos humanos.

 El abogado Zalaquett propuso como el resto de la clase política el salvavidas de plomo a los presos políticos militares, a saber, que saldrían libres en el momento de tener una enfermedad terminal. Para él los terroristas no violaron los derechos humanos, ni tampoco se violentaron esos derechos en la Unidad Popular. Que a los militares les niegue la igualdad ante ley, no le importo. Que a los militares los condenen a base de presunciones, tampoco. Que a los militares se les condene con delitos ficticios como el ‘secuestro permanente’, tampoco. Y por último, que se les condene con delito retroactivo cuando la misma ley, establece que no se puede, tampoco.  En fin, el señor Zalaquett fue un abogado mediocre.

  El cantante Alberto Plaza también cuestionó los dichos del actual ministro de Justicia, Hernán Larraín de no otorgarle ese beneficio a los presos políticos militares. Según Larraín, no se estaría haciendo justicia al permitirle estar en casas de sus familiares.

 Pues bien, tanto Sebastián Piñera como Hernán Larraín apoyaron indultos de la ex Concertación  a los terroristas, sin preocuparse de que no se haciendo justicia a las víctimas de los grupos FPMR, Frente Lautaro y Mir.

  Piñera no quiere que la izquierda lo acuse de ser violador a los derechos humanos, si usa la fuerza para acabar con la violencia. Cuando supe de tal decisión, que lo mejor podrían hacer alguien de nuestro sector es presentar un recurso de protección para que los dejen libres,  por un lado. Por otro lado, si mueren los militares por el coronavirus que acusen a Piñera y su ministro de Justicia de crímenes de lesa humanidad; de la misma manera como alguien presentó una querella de genocidio contra Bachelet por la muerte de niños en Servicio Nacional de Menores. Lo menos espera Piñera es que le den una estocada la gente que lo apoyo.

Y, por último, nos queda otra que la Justicia Divina se cargó del actual mandatario y de su ministro de Justicia.

Se preguntaron, ¿Por qué genocida número dos? La primera es Michelle Bachelet.

El actual mandatario perdió la última oportunidad de su vida de ser un humano decente.



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domingo, marzo 08, 2020

La movida de las Naciones Unidas


     No se saca nada de criticar a la izquierda, sino se tiene en cuenta las Naciones Unidas. Es una batalla perdida. Lo digo no más porque a los representantes públicos del liberalismo, que aparecen en canales de Youtube y que son invitados en conferencias nacionales e internacionales explicando lo ocurrido en Chile, lo omiten. 
   Las Naciones Unidas es el gran paraguas que tiene la izquierda para protegerse e instalar sus políticas a nivel global, aunque sean minorías en cada país. Las agencias  de la ONU podríamos compararlas con el Caballo de Troya.
   Yo veo a la ONU como una tele de araña o una hidra con varias cabezas.
   Esta entrada la quería escribir el año pasado.
   Previamente, Chile había suscrito el Pacto de Refugiados de la ONU y no el tratado migratorio. Con todo, Piñera pretendía hace una nueva ley de inmigración basándose en el acuerdo que no se firmó. Eso es lo primero. Cuando Bachelet viajo a Venezuela a investigar las violaciones a los derechos humanos, justo en ese momento llegaron refugiados al puesto fronterizo de Chacalluta. Como el país recién había firmado el acuerdo tenía que acogerlos. 
   Entre tanto, algunos países reconocieron como el gobernante de Venezuela al chavista Juan Guadió, entre ellos varios importantes como Alemania. Sin embargo, la Naciones Unidas reconocen a Nicolás Maduro como el presidente de ese país. 
   Luego de la visita de la Alta Comisionada ella firmó un acuerdo con la tiranía chavista relacionado con los derechos humanos. Se estableció un Memorando de Entendimiento. Bachelet dijo: “Mi Oficina y yo estamos comprometidos a trabajar de manera cercana con las autoridades, así como con las organizaciones de la sociedad civil, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas en el país”. 
   Han muerto más de 330.000 personas en veinte años. Y así y todo, Bachelet pide “una solución pacífica”. Cuando ella perteneció al grupo terroristas Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ahí se justificó el uso de la violencia. Por eso está Museo de la Memoria dedicado a quienes combatieron el gobierno militar, no a quienes sufrieron el terrorismo. 
   Por meternos con Venezuela, el país recibió un ataque el 18 de octubre pasado que nos encamina al Plebiscito del 26 abril, y que todo el proceso constituyente ya tiene el guion escrito como lo ha manifestado más de una vez Nicolás Maduro. Los venezolanos tendrán que sacarse la tiranía, así como nosotros lo hicimos con Allende. 
   Ahora bien, justo un día antes de la subversión y sedición Venezuela pasa a formar parte del Consejo del Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hemos visto la torpeza de Piñera cuando pidió a la ONU que investigara y observara el actuar del gobierno, y no de los que destruyeron estaciones del Metro, incendiaron supermercados y los posteriores actos vandálicos que conocemos. Los Observadores de Derechos Humanos que mando Bachelet hicieron el ridículo, pues los violentistas hicieron lo que quisieron mientras estuvieron en el país. Totalmente indiferentes ante la violencia estos expertos. La conclusión fue que Carabineros de Chile son los  que violaban los derechos humanos y no aquellos que han usado la violencia desde el 18 de octubre. Y por tanto, había reformarlos.
    El programa de segundo gobierno de Bachelet se fraguo en las Naciones Unidas. Recuerdo haber visto un comentario del canal Paralelo 33, en que un forista ponía un enlace de la ONU referido a cambiar todas las constituciones del mundo. El Sistema de la ONU en Chile creo a través de sus diversas agencias en el país, el Grupo Interagencial sobre Cambio Constitucional en 2016. Luego que Bachelet anunciara el 2015: «Chile necesita una nueva y mejor Constitución que nazca en democracia y que exprese la voluntad popular”. Piñera asumió el programa del gobierno anterior al rendirse a la extrema izquierda. El Grupo Interagencial lo componen: PNUD, UNICEF, ACNUR,FAO, OIT, UIT, ONU Mujeres, UNFPA, OIM, OMS/OPS y la Oficina del Coordinador de Residente de las Naciones Unidas en Chile. Lo que se creó en esa fecha allanó el camino para que el país firmara en este gobierno a “la agenda 2030” de la ONU. 
  Todas las agencias de la ONU en Chile han denunciado que Carabineros hace tal o cual cosa, mientras le hacen la vista gorda a los violentistas, saqueadores, encapuchados, terroristas y vándalos. Además, los juicios de esa burocracia internacional los comparte el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. 
  Luego de sus vacaciones en el país, Bachelet volvió a denunciar la supuesta violación a los derechos humanos no sólo en nuestro país, sino en Ecuador, Bolivia y antes metiéndose en el proceso de paz de Colombia. A Cuba no la toca.
   Si Bachelet creyera en realidad en los derechos humanos, ella hubiera renunciado cuando las Naciones Unidas pusieron a Venezuela en el Consejo que aborda esos derechos. Antes de Venezuela estuvo Cuba. 
 Y el líder ese país dijo que volvería a postular para formar parte por tercera vez del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Otra cosa interesante que encontré, es que Cuba ha estado dos veces en ese consejo: desde 2014 al 2016 y desde 2017 al 2019. 
   Cuba a igual que Chile ha ido al Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos. Todo sigue igual en la isla cárcel. 
   Mientras tanto, la Alta Comisionada de Derechos Humanos y, por tanto, las Naciones Unidas se queda callada con respecto a la tiranía comunista cubana. 
   Teniendo todos estos antecedentes, ¿alguien se va tomar en serio los juicios sobre derechos humanos que ha vertido la ONU y Bachelet sobre Chile, desde que estalló la insurrección del 18 de octubre pasado?

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miércoles, febrero 26, 2020

La prueba del delito de sedición


   Los medios tanto extranjeros como nacionales al estadillo delictual e insurreccional que comenzó el 18 de octubre pasado lo sigue llamando estadillo social. Incluso en un comunicado la Mutual de las Fuerzas Armadas y de Orden emplea esa expresión, lo cual es un error. Es como decir como un mantra que en Argentina murieron 30.000 personas bajo gobierno militar de ese país, cuando en realidad murieron alrededor de siete mil personas. Ni siquiera se atreven apuntar a los dos partidos a saber, el Frente Amplio y el Partido Comunista como los responsables. Algunos políticos se atreven apuntar al PC. Con todo, si fuesen serios, rechazarían el Plebiscito del 26 de abril que nació con la violencia. Después de  todo, el sueño de los políticos opositores al Gobierno Cívico Militar chileno, es cambiar la Constitución de 1980 sólo porque lo hicieron los militares junto con un grupo de civiles. La firma del socialista Ricardo Lagos es irrelevante. Él califica de petra, ya que no le gusta los altos quórum que resguardar la vida, la libertad y la propiedad. 
   Tampoco les interesa los principios en que se inspira la actual constitución, los cuales han permito al país desarrollarse y gozar de bienestar como nunca. Tanto la democracia cristiana como la izquierda de la ex Unidad Popular le interesa que el Estado esté a la cabeza del desarrollo y no las personas, simplemente para robar ya sea en forma legal con sueldos millonarios, ya sea en forma ilegal. Por esa misma razón a los políticos progresistas les importa un comino que las empresas estatales tengan pérdidas. Les produce urticaria que la constitución establezca, por ejemplo, que las personas tienen derechos anteriores al Estado. No me refiero a los derechos sociales, sino a la vida, la libertad y la propiedad. O el principio de subsidiariedad o un banco central autónomo del gobierno de turno.
    Conocemos la declaración de la actriz comunista Florencia Lagos en Venezuela, en la que reconocía que el grupo ‘Unidad Social’ está conformado por cientos de agrupaciones que dicen supuestamente representar a la sociedad civil, que lo único que han hecho es provocar miedo e inseguridad para achacarle la culpa al sistema económico. Si fuera por mí, a ese grupo que es un brazo del Partido Comunista, además, de los anarquistas y el lumpen, los acuso de crimen de lesa humanidad, por el desempleo y la ruina que les han provocado a millones de chilenos. 
   Pues bien, gracias al canal #RSTChile tenemos otra prueba que el Partido Comunista está detrás de este golpe de Estado en cámara lenta como le gusta decir algunos. En efecto, el dueño del canal mencionado se puso a googler. Primero como él cuenta busco cuántas veces aparecía la expresión ‘estallido social’ y el buscador le entregó una determinada cantidad. Luego escribió ‘revolución’ y llegó al sitio de la extrema izquierda https://rebelion.org/, donde encontró el artículo de Alejandro Lavquén titulado ¿Estallido Social? No ¿Revolución? Sí. El artículo es del 3 de febrero de este año.

     ¿Qué dice? El texto afirma : “De acuerdo a la prensa y partidos políticos, incluso lo dice el gobierno, los sucesos que vienen ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre de 2019 son considerados un “estallido social”, eufemismo para definir lo que en la realidad es una revolución, que como toda revolución su meta son cambios estructurales en lo político, económico, jurídico y social”. Es una revolución hacia la izquierda. 
   El propósito de la nueva constitución como he expresado es cambiar el modelo tanto en lo económico, jurídico, político y social. En el segundo gobierno de Bachelet lo intentaron hacer, sin embargo, fracasaron. A la mayoría del país no les interesaba las reformas estructurales. Como vemos el lenguaje se repite.
   El autor que reconoce que es una insurrección: “Insurrectos legitimados, en el actual escenario, por la violencia y atropello sistemático a los derechos humanos por parte del gobierno a través de Carabineros, PDI y, en su momento, las FFAA. Insurrectos, además, legitimados históricamente por la violencia y explotación ejercida contra el pueblo, desde 1830 a la fecha, por la oligarquía, los militares y la policía”. Esto es una prueba que el Partido Comunista quiso derrocar el actual gobierno que ganó abrumadoramente en las últimas elecciones. Y es una prueba de lo que sospecho a la política ex demócrata cristiana, Mariana Aylwin: “No me cabe duda de que al Partido Comunista le interesa que este gobierno caiga. Y si este gobierno cae, es un intento de desestabilización no del gobierno, sino de la democracia. La misma tarde, antes de que se supiera cuántas estaciones del metro habían sido vandalizadas, ya estaba pidiendo la renuncia de Piñera. Entonces, uno dice: esto es sospechoso”. 
   Yo creo a diferencia de la ex ministra de Educación ya no estamos en democracia, ya sea por la violencia que comenzó el 18 de octubre y que los políticos progresistas quieren que la población se acostumbre a los saqueos, a los actos vandálicos, a los incendios a autos como lo vimos en Viña del Mar, iglesias, supermercados, etc, ya sea porque los tres poderes del Estado se han salido de la Constitución. Ellos emplean la violencia, pero culpan al gobierno, a Carabineros y a las Fuerzas Armadas. 
   Vemos que los derechos humanos es simplemente un arma política. ¿Dónde están los derechos humanos de los carabineros a los cuales les han lanzado bombas molotov y han atacado a sus cuarteles? 
    Prueba, asimismo, que violencia continuará independiente quien gané el próximo Plebiscito de abril: “Están todas las condiciones para derrotar a la derecha en su propia cancha este 26 de abril. Lo que no significa abandonar la calle, por el contrario, las movilizaciones no deben detenerse hasta conquistar una nueva Constitución”. Cuando empleamos la expresión entre comillas nos referimos a un grupo de matones ligados al Partido Comunista, que dicen representar la sociedad civil: “No+AFP”, “No+abusos”, los representantes de los estudiantes secundarios, feministas y gremios estatales. 
    El autor critica el acuerdo de Paz que firmaron las copulas de los partidos políticos. Y también la llamada ‘democracia de los acuerdos’: “Incluso tuvieron la desfachatez de firmar un “acuerdo por la paz”, como si esta revolución se tratara de un conflicto entre partidos políticos, o un desacuerdo entre el gobierno y los partidos de “oposición”. Otra burda maniobra para intentar que la oligarquía política mantenga sus granjerías”. En fin, cualquier acuerdo.
  Este grupo pequeño que no representa el 5% o menos de todo el electorado se atreven hablar en nombre del pueblo: “En todo caso, el pueblo ha obtenido un gran logro, impensado antes del 18 de octubre. Ha logrado que se convoque a un plebiscito para generar una nueva Constitución vía asamblea constituyente (“convención constitucional” se usará como término para la papeleta del voto)”. Si por la expresión ‘pueblo’ se entiende las personas modestas, son las que más han sido perjudicas con el estadillo delictual e insurreccional. 
   Puesto que es un psicópata el señor Alejandro Lavquén no le importa la destrucción de las estaciones del metro, al día siguiente los incendios a los supermecados, el vandalismo hacia los pequeños comerciantes. Y qué decir del aumento del desempleo. Por tanto, el cierre de negocios de toda índole. Todo ello en nombre del pueblo. 
   Desea que los constituyentes se han elegido en forma democrática. Con todo, no reconoce que Piñera fue elegido democráticamente: “La insurrección no debe cesar hasta que se elijan los constituyentes de manera democrática y dejando fuera a quienes hasta hoy son los culpables de la miseria de los chilenos”. No se siente responsable de nada. Hay alrededor de trecientos mil desempleados y las pequeños empresas son las que más se han visto afectada por la violencia que desató el Partido Comunista. Para él, el responsable es el modelo económico.
   Asimismo, con la nueva constitución quiere establecer una ley mordaza contra el pinochetismo: “Hay que erradicar el pinochetismo del país, declararlo fuera de la ley en la nueva Constitución”. Como dije en una entrada anterior, propongo erradicar el allendismo, el mirismo y cualquiera apología al FPMR. 
   Según él, la nueva constitución garantizará los derechos sociales, entre otras cosas: “Es la única manera para que la nueva Constitución declare como derechos constitucionales inalienables la salud, la educación, la vivienda, el agua, la electricidad, el transporte público, los recursos naturales, las pensiones”. Cuando marcho la clase media, no estaba en sus prioridades una nueva constitución, ni tampoco antes del 18 de octubre. No le importa que el país este endeudado y que no produzca nada. Es un detalle sin trascendencia. 
  Finalmente, nombre personajes que merecen estar en la asamblea constituyente: “Gabriel Salazar (historiador), María Angélica Illanes (historiadora), Luis Mesina (dirigente NO+AFP), Nancy Guzmán (periodista), Felipe Portales (historiador), Alicia Lira (dirigente DDHH), Cosme Caracciolo (dirigente pesquero), Melissa Sepúlveda (ex presidenta FECH), Marco Riquelme (dirigente MPMR), Francisca Millán (abogada), Héctor Llaitul (dirigente mapuche), Sergio Grez (historiador), Roberto Márquez (músico), Nano Acevedo (compositor), Isabel Gómez (poeta)”. 
  Aquí la prueba de la sedición. Don Diego Portales ya los hubiera arrestado hace rato.

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viernes, febrero 14, 2020

Los medios dan por sentado la opción “Apruebo”


  Los medios ya sea escritos o de la televisión nacional e internacional siguen llamando a la insurrección del 18 y 19 de octubre del 2019 ‘estallido social’. Menos le llaman estadillo delictual o revolución, que preparo el Frente Amplio y el Partido Comunista. 
   Aunque formalmente la campaña del Plebiscito del 26 de abril comienza en marzo, en que cada opción mostrara sus razones para votar por ella, me he dado cuenta que al leer el blog de Máximo refiriéndose sobre el asunto, es que no han reparado que los canales Chilevisión como CNN sacaron al aire el programa un Nuevo Pacto. Entrevistan a diversos personajes académicos para darle más seriedad y justificar la opción “Apruebo” como también a políticos ya sea de izquierda, ya sea de la ex derecha: Joaquín Lavín, Carolina Goic, Carlos Montes, Manuel Antonio Ossandón, Jaime Bellolio. Debo confesar que yo no lo he visto. Toco la causalidad que estaban viendo televisión justo salió el anuncio de ese programa, en que aparecía la economista, Andrea Repetto, quien decía que había ceder. Eso me llamo la atención. En otro día que apareció un homosexual de la Fundación Iguales, quien pedía una sociedad más inclusiva. 
   Dicho programa comenzó el 27 de octubre. 
   La señora Repetto es profesora de la Universidad Adolfo Ibañez y con un doctorado en el MIT. Estuvo en el segundo gobierno de Bachelet en el Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, en el Consejo Asesor Presidencial del Trabajo y Equidad Social. Y por último en el Consejo Asesor Presidencial contra conflicto de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. Además, fue uno de los economistas que firmaron apoyando al candidato continuador de la ‘retroexcavadora’, el periodista Alejandro Guillier.
   Los políticos e intelectuales de la ex Concertación o de la ex Nueva Mayoría son los más sinvergüenzas, ya que las políticas públicas de ellos llevaron al malestar justificado de la clase media que, por cierto, que sus peticiones pasaron al olvido, como, por ejemplo: eliminar el impuesto específico a los combustibles. Las reformas tributarias y laborales del segundo gobierno de Bachelet llevaron al país al estancamiento económico y el desempleo informal. A lo anterior hay agregarle la llegada masiva de inmigrantes. Los mismo que han estado en el gobierno, nos quieren convencer que ellos son parte la solución. La izquierda nunca se hace responsable de nada. Quizás la culpa la tenga Donald Trump. 
   Para mí lo que hacen los canales y personas que aparecen en los anuncios es una campaña explicita, abierta e ilegal. Dan por sentado que la ciudadanía está por la opción “Apruebo”. 
   Ahora bien, tanto los creadores del programa como los académicos sobre todo de izquierda pasan por alto unas cosas que ya hemos escuchado por José Antonio Kast y Johannes Kaiser, entre otros. Primero, una coalición ganó con un programa determinado que, por cierto, no era del adversario. Segundo, salió un gobierno a través de las urnas. Tercero, la raíz del Plebiscito de Abril próximo se basa en la violencia. Por tanto, sería ilegitimó e ilegal. El Acuerdo por ‘La Paz Social, la Democracia y los Derechos Humanos’ que firmaron las copulas de los partidos supuestamente acabaría con la violencia, cosa que no ha sido así. Cuarto, a raíz del ataque al Metro de Santiago y al día siguiente a los supermercados que continuo la ola de saqueos, violencia, incendios, profanación a iglesias y ataques a las comisarías, el actual gobierno tomo como suyo el programa de gobierno que tenían los dos candidatos de izquierda. Todas estas consideraciones no les importan a los académicos de izquierda como la señora Repetto. 
  El actual gobierno ha cedido en todo y aún la economista quiere más. 
   Además, si fuesen serios, sobre todo, los académicos que han pasado por ese programa dirían al país que Chile no se puede hacer el Plebiscito porque no se ha reestablecido el Estado de Derecho, esto es, el Orden. Muchos estudiantes no pudieron rendir la PSU. Las personas comunes y corrientes no tenemos ninguna garantía para votar con seguridad y tranquilidad.
   En uno de sus programas, donde había puros políticos se planteó la pregunta de cambiar el modelo. ¿Dónde quedaron las peticiones de la clase media? 
    Entre las lumbreras que han pasado por ese programa estuvo la presidenta la Fundación laguista Chile21, Gloria de la Fuente, quien dijo a propósito de la nueva constitución: “Para llegar a buen puerto, debe ser cautelado el orden público y los derechos humanos”. Estas palabras fueron dichas el 03/01/2020. Esta gente de pacotilla no tiene la solución, pues desconocen el derecho a la autodefensa. Por tanto, si alguien te quiere quitar la vida, el defendido tiene derecho a matar. Esto último constituye una violación a los derechos humanos. Supongo que ella habrá visto que varios estudiantes no pudieron hacer la PSU, porque gente como ella está más preocupada de los derechos de los vándalos y violentistas que de las personas decentes. Como me gustaría ver a la señora de la Fuente con uniforme de Carabineros, mientras recibe insultos, le lanzan piedras o bombas molotov, ya que les niega a los uniformados el derecho a la autodefensa. ¿Cuál es la solución mágica de la Fundación Chile21? 
    Han entrevistado al ex rector de la Universidad de San Alberto Hurtado el 27 de octubre pasado, el jesuita Fernando Montes, quien es sacerdote admirado por Bachelet. 
    A escritores chilenos o más bien escritoras, o sino las feministas se van a enojar, entre ellas Nora Fernández, quien dice: “Adam Smith estaría asustado con el neoliberalismo que estamos llevando en Chile”. Está obsesionada con el Gobierno Militar a que llama dictadura
   Por su parte, la escritora y psicoanalista, Constanza Michelson dice sobre el Proceso Constituyente: “Es importante que las personas sean parte del pacto al cual van obedecer”. La psicoanalista es incapaz de ver la maldad frente a sus ojos y políticos psicópatas. 
   La economista María Cecilia Fuentes afirma: “La única forma de disminuir la desigualdad es con educación”. Y agrega: “Lo más importante es recuperar el Estado de Derecho, o sea que el país funcione”. Como si les importara esto último a los periodistas como a los creadores del programa y los políticos que han pasado por ahí. 
    La directora ejecutiva de Fundación Origen y de la Escuela Ecológica de Pirque, Mary Anne Müller sostuvo que la PSU produce inequidad: “Es un instrumento que sigue generando inequidad, que sigue separando clases”. La independientemente de esa prueba, el modelo dejado los militares provoco movilidad social. Tengan presente que mucha gente exitosa no ha pasado por la universidad.    La historiadora Verónica Undurraga sacó a colación la desigualdad de género como una desigualdad estructural: “Una de las grandes desigualdades estructurales en Chile es la desigualdad de género”. No sé de qué tendencia política es, si fuese una mujer derecha no diría eso. 
   Naturalmente, estuvo el jurista de Bachelet y promotor de la nueva constitución, Fernando Atria, quien afirmó: “Surgen varias de las patologías que son consecuencias de la actual constitución”. Todos los políticos y académicos saben que el problema no es la actual constitución, sino que la clase política echo a perder el modelo económico heredado por los militares. Atria formo parte de la coalición que quiso pasarle a la retroexcavadora al país. 
    También han entrevistado al rector de la Universidad de Valparaíso, columnista y escritor, Agustín Squella, el cual se define como liberal de izquierda, que liberal no tiene nada. Él dijo: “Tenemos que reanudar el camino hacia una nueva constitución”. 
    Y por último, han entrevistado María José Bosch, directora del Centro de Trabajo y Familia ESE Business School de la Universidad de los Andes, quien se expresa como las feministas de izquierda: “Al asignar roles de liderazgo, asociamos más características masculinas que femeninas a los líderes”. Según el medio, “cuestiona que a las mujeres se les suele dar un trato de minoría”. Naturalmente, los diversos personajes de la fauna chilena que han pasado por ese programa pasan por alto, que Chile recibió un ataque por parte de países extranjeros como Venezuela y Cuba como lo expreso la comunista Florencia Lagos y las propias palabras de Nicolás Maduro. Las demandas de la clase media no justifican destruir las estaciones del Metro y los incendios a los supermercados que ocurrió el día después, pues el único propósito fue provocar miedo. Tampoco admiten que estamos ante una revolución e insurrección, pues para ellos sigue siendo un malestar provocado por el modelo económico, no por el Estado y que la nueva constitución resolverá todos los asuntos. 
   El mismo medio CNN informa que enero pasado se cerraron 70 supermercados en la Región Metropolitana afectado las comunas de Conchalí, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, La Granja y Lo Espejo, debido al estallido delictual que el medio sigue llamando ‘estadillo social’. 
  Todos los problemas del país se solucionan con más Estado, feminismo, las minorías y la nueva constitución que no limitará el poder y que acabará con la propiedad privada.

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martes, febrero 04, 2020

Estado de Derecho versus Derechos Humanos


   A fines de año pasado el señor Alfonso Hidalgo se preguntaba por qué el Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH) criticaba la justa represión contra sujetos que habían alterado el orden público provocando actos vandálicos y saqueos. Quienes están a cargo de reprimir son las fuerzas de orden en primera instancia y en el último lugar las fuerzas armadas. Después del ataque del 18 de octubre pasado, cosa que algunos políticos de oposición todavía quieren admitir, pues siguen llamándolo ‘estadillo social’, el Presidente ordeno sacar a las fuerzas armadas para terminar con los saqueos y la violencia. 
     De acuerdo a la ley de incitación al Odio que aprobó la Cámara de Diputados en lo referido al Negacionismo se castigará a quien justifique, apruebe o niegue a lo que la izquierda llama “violaciones a los derechos humanos”. O sea, no podemos dar una explicación porque ocurrieron tal y tales eventos, porque si eso sería justificar. Tampoco, por ejemplo, podremos celebrar que la DINA y la CNI derrotaron a los grupos terroristas Mir y el brazo armado del Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El entrenamiento militar en la ex RDA, Libia y Cuba no les sirvió de nada. La mayoría de los que murieron fueron terroristas. Sin embargo, la izquierda no considera víctimas a quienes padecieron la violencia del Mir y del FPMR en sus diversas formas: asesinatos, atentados, lanzar bombas molotov y por último, secuestro. Cuando comencé con esta entrada, leí un artículo del abogado Gonzalo Cruzat Valdés, quien fue secuestrado por el FPMR en 1984 siendo un niño. Recuerdo haber leído por Hermógenes Pérez de Arce, que siendo adulto Gonzalo se presentó a esas comisiones de derechos humanos y ellos consideraron que a él no le habían violado los derechos humanos. ¿Alguien va tomar en eso las dos comisiones que ha habido: “Rettig”y “Valech”? Ya que la izquierda no les gusta que justifiquemos, sin embargo, el brazo armado del PC tenía una justificación para secuestrar al hijo del empresario Cruzat. A Javiera Parada habría que sacarle en cara ese delito.

  Gonzalo Cruzat hico una reflexión sobre el penal de Punta Peuco. Para mí significa que los grupos terroristas o guerrilleros fueron derrotados. Es el fracaso de ellos. Puesto que no lo reconocen, prefieren la pose de víctimas. 
   Como he dicho varias veces, ellos pueden justificar cualquiera barbaridad. La excusa de que optaron la vía armada para instalar una dictadura comunista era la Guerra Fría, luego el pretexto estaba es por el derecho a la rebelión se alzaron en armas contra el Gobierno Militar, cuando éste último fue un producto de una rebelión civil y militar contra un gobierno que se salió de la ley y la Constitución. Cuando les fue devuelto el poder a los civiles, los grupos extremistas en democracia, ajusticiaron a unos militares que habían sido asignados a los servicios de seguridad. Eso se justifica. Y por último, vemos que después del golpe de estado realizado los días 18 y 19 de octubre por el Partido Comunista y del Frente Amplio, la mayoría de la izquierda sigue justificando la violencia.  Los Derechos humanos tal como los entiende la izquierda son contrarios a la ley natural, pues el primer derecho es la vida y el segundo derecho es la autodefensa. 
   La pregunta que Hidalgo se hace: “¿Por qué el INDH defiende los derechos humanos –supuestamente universales- de los agresores y no de los agredidos por estos actos violentistas?
  Él señor Hidalgo lo atribuye ese cambio de los derechos a los diversos organismos internacionales, esto es, las ONU y sus agencias. Yo tengo otra explicación. Para entender el presente, hay que conocer el pasado y la historia reciente. 
   Otro más que no se entera que una de las atribuciones del INDH es querellarse contra los agentes del Estado que combatieron el terrorismo entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Es totalmente arbitrario. ¿Por qué no se querellan contra los grupos terroristas del Mir y del FPMR? Obviamente, desde que se creó esa nefasta institución lo ha hecho antes del ataque terrorista al Metro y a los supermercados el 18 de octubre, era criticar el actuar de Carabineros, lo que ellos llaman “abuso policial”, que al parecer esa una idea importada de Francia.
   Porque el INDH como el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos son instituciones creadas por personas ligadas a esos grupos. La propia ex Presidente, Michelle Bachelet fue ayudista del Mir en la UP y milito el FPMR. La ideóloga del mausoleo fue la periodista y ex Mir, Marcia Scantlenbury. Mientras escribo este post, encuentro una noticia del 2018 del seminario Cambio21 y en el sitio Villa Grimaldi, en que señala que fue torturada. A ella no le creo nada, pues a la madre de Marco Enríquez-Ominami, Manuela Gumucio que también perteneció al Mir, dijo en una entrevista que la DINA la atrapó y luego la dejo libre. Una amiga de mi madre que era comunista en tiempos de Allende, después del 11 de septiembre, los militares la atraparon. Sin embargo, nunca ha dicho que la torturaron. Esa señora hace tiempo dejo ser de izquierda. Aprendió por las malas. Lo más asombroso que esta gente no se acuerda de las torturas y humillaciones contra los opositores de la Unidad Popular, ya por parte del gobierno, ya sea por grupos afines al gobierno marxista como mostré en las cuatro entradas En democracia.
  Asimismo, desde que estalló la insurrección el INDH ha propagado noticias falsas como que en la comisaría  Baquedano carabineros había torturado. Un detalle que paso por alto el señor Higaldo, es que el segundo al mando de esa institución nefasta, es el ex Mir, Jorge Ortiz Silva, quien participo en un montaje, culpando a las fuerzas de orden de haberle disparado balines de plomo, cuando usan de gomas. 
    La extrema izquierda que optó en democracia por la vía armada y la guerrilla. Y luego durante el gobierno militar lo combatieron con atentados, asesinatos tantos de civiles como de militares y secuestros. Ese grupo es el que extorsionó al ex presidente demócrata cristiano, Patricio Aylwin con el sesgado e inconstitucional “Informe Rettig” y la persecución a los militares, mientras al mismo tiempo aplicaban la amnistía e indultaban a los terroristas. Ese fue el precio de paz social. No estamos en paz, ni reconciliados. 
    Los mismo que apoyaron la ex UP o formaron del Mir, después del 11 aparecieron de la noche a la mañana como abogados de derechos humanos. La diputada comunista Carmen Hertz estuvo en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y ha reivindicado al FPMR. Otro ejemplo es abogado José Zalaquett, quien estuvo detenido por la DINA en 1975 y fue llevado al centro de detención Tres Álamos. Luego fue nuevamente detenido. Finalmente se exilió y fue Jefe del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional. AI está metida en el grupo del Partido Comunista ‘Unidad Social’. Tan mediocre es este abogado que propuso un indulto humanitario a los presos políticos militares, o sea, cuando estén casi agonizando se los saca de la cárcel. Los mismos que un grupo de políticos, entre ellos, el Cobarde y Traidor que está en La Moneda. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? ¿Dónde está el mismo trato que tuvieron los terroristas? El señor Zalaquett favorece la amnistía e indulto a los terroristas, le niega el mismo trato a los militares. 
   Se da la casualidad que la misma gente que dicta cátedra de los derechos humanos son simpatizantes de los terroristas o formaron parte de esos grupos. Ahí la diputada Pamela Jiles que siempre saca el tema de esos derechos, porque su novio era mirista. Vemos a Gabriel Boric visitando a un terrorista fugado en Francia. Recientemente a Mauricio Hernández Norambuena lo visitó Alicia Lira, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos junto con el terrorista Patricio Ortiz, quien se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad. Otro ejemplo de esa relación lo vemos en el fallecimiento de la profesora, feminista y escritora Mónica Echeverría, quien para su muerte la recordaron como luchadora de los derechos humanos. Le pusieron la leyenda ‘Mujeres por la vida’. Lo que no nombro el medio, es que ella tuvo una hija que estuvo en el Mir, Carmen Castillo Velasco. En el enfrentamiento que hubo entre el terrorista Miguel Enríquez y el oficial del Ejército Miguel Krassnoff, ahí estaba la hija de Echeverría, a quien el joven oficial la llevo al hospital Militar y luego al aeropuerto. Dicho sea de paso, las feministas de esa generación, nunca han criticado la frase que tarareaban el Mir: “Los momios al colchón y las momias al colchón”. 
   Para Zalaquett como al resto de los abogados derechos humanos de izquierda solamente los militares a agentes del Estado son los violadores de los derechos humanos, no los terroristas. 
   Los abogados “históricos” de los derechos humanos se opusieron a que los militares saliesen con libertad condicional. Recuérdese la golpiza que recibió el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Dónde estaba los abogados de derechos humanos de izquierda querellándose ya sea contra el gobierno de la UP, ya sea contra los grupos partidarios de ese gobierno que violentaban los derechos de los demás tal como lo hacen los vándalos, saqueadores e incendiarios y terroristas? 
   El señor Hidalgo hace la siguiente reflexión: 
  “El primero, es que se daría el absurdo que la violación de los derechos humanos dependería no de quien padece este atentado, sino de quien lo perpetra. Es decir, el foco de atención se trasladaría desde la víctima al victimario. Lo anterior no sólo atenta contra la universalidad de estos derechos (tal vez su rasgo más distintivo, pues los derechos humanos o son universales, o no son), sino que deja en el más completo desamparo a quienes ven violados sus propios derechos humanos a manos de entes no estatales, con lo cual se limita sobremanera el ámbito de protección”. 
  Esta afirmación es incomprensible si no tiene en cuenta lo que he descrito más arriba. El sesgado e inconstitucional “Informe Rettig” habla de la violencia política en general, no quien la comenzó. Se da el absurdo que quienes nos defendieron del terrorismo arriesgando sus vidas y contra el intento de instalar una dictadura comunista estén en la cárcel. Es absurdo que los abrazaron la vía armada y el terrorismo dicten cátedra de derechos humanos. Como ha dicho un forista en otro blog, Chile se ha convertido en manicomio: Allende con estatuas y los militares a la cárcel. 
  Como consecuencia de primer punto que señala Higaldo, el Estado no puede poner orden contra el vandalismo, ya que sería atentado a los derechos humanos. Y último corolario, los vándalos o violentistas tendrían total impunidad. 
   Los derechos humanos para la izquierda son simplemente un arma de la revolución.

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jueves, enero 23, 2020

La ley mordaza de Carmen Hertz




En distintas canales que han comentado la Ley Mordaza, se las ha olvidado sacarle en cara a la izquierda la letra de la ‘Vamos a decir que NO’:

Chile la alegría ya viene
Chile la alegría ya viene
Chile la alegría ya viene
Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar
Porque siento que es la hora de ganar la libertad
Hasta cuando ya de abusos, es el tiempo de cambiar
Porque basta de miseria, voy a decir que no
Porque nace el arco iris después de la tempestad
Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar
Porque sin la dictadura la alegría va a llegar
Porque pienso en el futuro, voy a decir que NO
Vamos a decir que no (oho) con la fuerza de mi voz
Vamos a decir que no (oho) yo lo canto sin temor
Vamos a decir que no (oho) todos juntos a triunfar
Vamos a decir que no, por la vida y por la paz

La Cámara de Diputados aprobó Ley Mordaza, que condena tres tipos de delitos:
 Primero, Incitación a la violencia contra personas a base “su raza, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología, opinión o militancia política o deportiva, religión o creencia, visión filosófica, sindación o participación en organizaciones gremiales, por su trabajo, o sexo, orientación sexual, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad”.
 Segundo, de Incitación al odio, si promueve menosprecio, denostación y odio contra un grupo. Basándose en las descripciones del primer punto. Esta indicación es de la diputada Pamela Jiles.
Y por último, el negacionismo, que significa que niegue, justifique o apruebe las violaciones a los derechos humanos cometidas “en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, acreditadas por la Comisión de Verdad Y Reconciliación (Informe Rettig), por la Corporación Nacinol de Reparación y Reconciliación y la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech)”.  Esta última es una indicación de la diputada y ex terrorista del Mir, Carmen Herz. La izquierda no argumentos para defender lo que dice.

Tenemos otra razón para cerrar el congreso. La primera fue cuando la cámara de diputados rindió homenaje al delincuente Catrillanca.

Ambos Informes son inconstitucionales.

El que una persona critique a una minoría tal como lo establece la ley no se sigue que la odien. Es una falacia. Un embuste. No hay ninguna relación lógica y causal. Ya que la izquierda se está quedando sin electores, pues los proletariados, o mejor dicho, los pobres han pasado a convertirse en clases medias baja. Pero, medias al fin y al cabo. Ya no son pobres.

   En el contexto que se aprobó esa ley es de lo más absurdo, pues quienes han promovido la violencia, la incitación al odio contra carabineros y la población civil han, pues, el Partido Comunista a través de tres frentes: el lumpen, los anarquistas y los llamados ‘actores sociales’. Basta ver los diversos rayados contra las fuerzas de orden y varios llamados a la guerra civil. El contexto fue un ataque al país y una subversión para dar un golpe de Estado.

  ¿Dónde están los artistas que participaron en la campaña del ‘NO’ protestando contra esta ley? La letra con la cual se engañó a las personas en el plebiscito de 1988 dice claramente: “Por qué digan lo que digan, yo soy libre de pensar”. Por tanto, si la izquierda sostiene que hubo sistemáticas violaciones a los derechos, yo tengo todo el derecho de afirmar lo contrario. Tengo todo el derecho de poner entredicho lo que dice el progresismo en materia de derechos humanos, ya que todo es arbitrario.

Propongo que saquemos una ley castigue a toda persona que reivindique a la UP, a Salvador Allende, al Mir y al FPMR. Así Carmen Hertz estaría en la cárcel.

 Sin embargo, nadie ha reparado que mientras quieren prohibir el cuestionamiento sobre las llamadas ‘violaciones a los derechos humanos’ durante el Gobierno Militar, la izquierda no tiene tapujos en considerar lugares de patrimonio donde estuvo la guerrilla en la selva de Neltume. El gobierno de Bachelet quiso erigir un Monumento, que concreto este gobierno. Allí era el lugar donde estuvo el comandante Pepe de Mir, José Gregorio Liendo Vera, quien como sabemos quería una revolución comunista con un millón de muertos. Si el segundo gobierno de Bachelet considero exaltar a la guerrilla, eso significa que compartían los planteamientos del dirigente del Mir.

Lo que me lleva a otro asunto. Mientras un conocido escucha por su móvil un programa de entrevista a José Antonio Kast, en seguida supe por las preguntas que le formulaban que se trataba de la radio Bio Bio. En esa oportunidad, la hija del terrorista del FPMR, la actriz Javiera Parada le saco en cara al ex candidato presidencial, unas muertes de unos campesinos. Y uso la expresión ‘terrorismo de Estado’. Eso no existe. En ese caso, fueron parece unos carabineros que actuaron por su cuenta. Uno saca nada con decirle a esta gente que gobierno militar no ordenó nada de lo que se le imputan. La actriz que fue premiada por Bachelet con el cargo de Agregada Cultural en Washington D. C., no le oído condenar las palabras del comandante Pepe. Para mi ella no es ninguna autoridad. Entonces, ¿por qué no escuchamos las palabras de la hija Simón Yévenez, quien fue asesinado por el FPMR?

En estos treinta años, lo único que ha hecho la izquierda es ocultar la tremenda viga que tienen en sus ojos. Así alguien podría sacarle en cara a Javier Parada las muertes del descarrilamiento del tren Queronque, que lo hizo Carlos Ominami y costo 58 muertos. El asesinato del mencionado dirigente de la UDI en manos del FPMR o el asesinato del Intendente de Santiago, Carol Úrzua o el asesinato del teniente Roberto Zegers Reed. Estas no son víctimas ni les violaron los derechos humanos.

Primero, la aprobación de esa ley nos muestra que nos estamos reconciliados. Segundo, que en la izquierda chileno no hay hombres, pues saben que están mintiendo, ya que fueron victimarios. Tercero, este es legado de Salvador Allende y de quienes apoyaron ese nefasto gobierno, lo que he denominado  la Generación Maldita. Una revolución es como una lucha de dos hombres, de los cuales uno pierde y el otro gana. Si no entiende esa verdad evidente, no hagan revoluciones al estilo de la izquierda. Cuarto, como corolario de lo anterior, podemos decir con certeza que en la izquierda no hay hombres. ¿Qué político, intelectual o artista que apoyo a la UP ha dicho la verdad en estos treinta años? Ningún personaje público de ese sector. Así, por ejemplo, el señor José Rodríguez Elizondo, a quien más de una vez he comentado, escribió una columna titulada Eufemismo chilenos seleccionados para referirse al lenguaje que emplea los grupos que usan la violencia desde el 18 de octubre del año pasado. En vez usar la palabra ‘subversión’, ese grupo emplea las palabras “protesta social”, “resistencia”, en clara alusión a la neolengua que describe el escritor socialista ingles Orwell. Allí menciona la UP: Aunque la crisis macro de 1970-73 fue muy diferente en lo político, sería tonto ignorar que devino en ingobernabilidad, liquidó el Estado de Derecho Democrático y la crisis actual podría apuntar a lo mismo. Es una semejanza que se trata de ocultar con tres eufemismos funcionales: entonces estaba la Guerra Fría, los partidos políticos representaban corrientes de opinión y la economía socializada era una opción real”. Como el señor Elizondo no cree en las consecuencias de la libertad, la izquierda se escuda en que hubo Guerra Fría, cuando libremente podrían haber optado otro camino. Omite que el Mir y el PS quisieron instalar una dictadura comunista y optaron por la vía armada. Sigue usando eufemismo.

La diputada Hertz carece de toda autoridad moral. Primero, perteneció al grupo terrorista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Mir), el cual opto por la vía armada y quiso instalar una dictadura comunista. Segundo, antes del 11 de septiembre de 1973, ella llamaba a través de la radio Loa, que había que matar a quienes se opusieran en la empresa Codelco. Y por último, ella siempre ha apoyado al grupo terrorista el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, incluso cuando hicieron una charla en el Instituto Nacional, que fue el comienzo del fin de ese establecimiento educativo. Los medios, dicho sea de paso, siempre ocultan el pasado mirista de la diputada y sólo muestran que se preocupó de los derechos humanos, cuando los militares derrocaron a Allende, no antes. ¿Cómo Hertz se iba querellar contra los mirista, si ella formaba parte de ese grupo? El Mir era partidario de la justicia de Ernesto ‘Che’ Guevara: “Primero te fusilo, luego te pregunto”.  Y habían amenazado a los jueces de la Corte Suprema. Luego se quejan que fueron juzgados por la justicia militar o la Suprema no recogió sus recursos amparo.

 No hay que olvidar que, cuando comenzó el ataque los días 18 y 19 de octubre del año pasado, luego que los militares volvieron a sus cuarteles, la diputada Hertz junto con otros parlamentarios de la extrema izquierda, como, el diputado socialista, Jaime Naranjo, en vez de acusar a los violentistas, vándalos y saqueadores prefirieron que la ONU enviase observadores de los derechos humanos para fiscalizar al gobierno y a carabineros. O sea, la comisión de derechos humanos del cámara baja se hace cómplice activo y pasivo de los que agredieron al país. ¿Alguien va tomar en serio lo que diga Hertz, Kariola, Vallejo y Naranjo entre otros? Los derechos humanos de las personas comunes y corrientes han importado.

  Lo que llama la atención y que todavía muchos políticos e intelectuales de la ex derecha no se dan cuenta, es que la izquierda determina quién viola los derechos humanos y cuando fueron violados. Para ellos, los agentes del Estados son los que violan. ¿En qué período? Obviamente, durante el gobierno militar. No fueron los guerrilleros o terroristas. De ahí que el Instituto Nacional de los Derechos Humanos tenga en su estatuto como misión perseguir a los militares que estuvieron entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990. ¿Por qué no incluyeron a los terroristas? ¿Por qué no se incluyó la Unidad Popular o antes? Todo lo que hace y dice la izquierda en términos de los derechos humanos es totalmente arbitrario.

La izquierda tiene la soberbia de compararse con los judíos que fueron masacrados por los nazis. De ahí el Museo de la Memoria. Ellos primero optaron la vía armada en democracia para instalar una dictadura comunista, y cuando fue derrocado Allende porque se salió de la ley y la constitución, la extrema izquierda uso el terrorismo supuestamente para restaurar la democracia que ellos destruyeron. Los militares no persiguieron a personas comunes y corrientes como un comerciante, un chófer, un carnicero, un profesor de baile, un gasfíter o maestro albañil, sino terroristas. Por tanto, la comparación es obscena por donde se la mire. Además, no se persiguió a un grupo de personas por su etnia o a un grupo de civiles. Pues, eso es lo que penaliza el crimen de lesa humanidad o genocidio. Eso que les imputan a los militares lo hizo la izquierda, mientras se enfrentaba a los militares. Si el comandante ‘Pepe’ hubiera cometido su sueño de asesinar un millón de chilenos, no le hubiera podido juzgar por genocidio, porque no era un agente del Estado.

La izquierda chilena desde la Unidad Popular le quedó gustando el totalitarismo. No acepta que la contradigan y como no tiene argumentos no tiene que dejar que el otro lado se defienda. En todos los ámbitos. Desde la lucha subversiva hasta la academia pasando por la persecución judicial hacia los militares presos. En Chile es fácil ser matón. Ser de izquierda es sinónimo de matón. Es su naturaleza.

 En estos treinta años, la izquierda lo menos ha mostrado que no respeta la libertad de expresión. Esa ley es simplemente la consecuencia de otros eventos.

 Cuando estudié en la Universidad de Valparaíso siendo rector Agustín Squella, quien se las da moderado, pero no lo es, tuve por compañeros que no respetaba mi opinión. Así, cuando fui al departamento que arredraban uno de ellos, nos pusimos a conversar. Y uno no me dejó hablar, pues empezó hacer a sonar la boca, mientras yo exponía. Mi error que no lo pare de inmediato. Creí iba a cambiar. Y siempre lo mismo. Dicha persona era hijo empresario del pan que tenía su negocio en un cerro de Valparaíso y hasta una galería de Viña del Mar, lleva su apellido.  Milito en el Partido Socialista siendo del ala más cercana al Partido Comunista. Creo que se llamaban ‘Los Helenos’. Defendía a Allende y se creía intelectual. Si hubiese sido tan inteligente, se hubiese dado cuenta que su padre nunca hubiese sido dueño de su negocio con el gobierno marxista. Cuando supe que la izquierda quiso instalar una dictadura comunista, pues lo dijo un ex Mapu que iba su casa, ahí cambié. Casi me lavan el cerebro y supe que todo era una mentira. Incluso eso que dicen las locas mujeres de la Unidad Popular, que los militares le metían ratones en la vagina. Finalmente, me aburrí porque en su propia casa no me dejo hablar y me grito, pues le dije que la izquierda tenía pasado vergonzoso que era la Unidad Popular, que le gustaba posar de víctima, que no son progresistas, sino burocratitas. También le dije que para ser izquierda, hay que ser maricón. Y que nacieron para dejar la embarra. Use una palabra más fuerte. Él había comenzado a ser chavista. Le dije que Allende era Chávez, cosa que tampoco le gusto.

La extrema izquierda o los terroristas del Mir y del FPMR sostienen que a ellos los perseguían por pensar distinto, lo que es falso. Sin embargo, con esta ley pretende perseguir a todo aquel que cuestione lo que ellos llaman ‘violaciones a los derechos’.

 Recuerden que para el, avant premier del documental Pinochet, los abogados de derechos de la izquierda, esgrimían que presentar esa película era incitar al odio. El mediocre político socialista Camilo Escalona decían que era una ofensa a las víctimas. Por eso, había que prohibirlo.

  Luego está en las universidades que los profesores no pueden mostrar bibliografía que defienda el Gobierno Militar, ya que son los propios alumnos los niegan a ver las dos caras de la moneda. El historiador Gonzalo Rojas Sánchez se ha referido a ello, desde que empecé este blog o un poquito más tarde.

Los rayados hemos visto en las distintas ciudades, luego de la insurrección contra Carabineros es la consecuencia de la famosa frase repetido por treinta años:  Ni perdón ni olvido”.

A fines del año pasado se supo que la estudiante de derecha, Polette Vega fue agredida en la Universidad de Chile.

Como vemos la letra de la canción bastante actual. La letra habla de paz y no de paz social.

Lo que nadie ha reparado es que la Ley Mordaza tiene como precedente el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, que es una suerte de Inquisición española, pues cuando alguien ha cuestionado lo que la izquierda llama ‘violaciones a los derechos humanos’, en seguida sale sancionar y reprender como si hubiesen cometido una falta.

Antes que  promulguen esa ley sólo diré que Carmen Hertz es un monstruo. Jamás ha sido un ser humano.

La Izquierda no cree en la libertad de expresión.



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domingo, enero 12, 2020

Una revolución hacia la izquierda


  


  La izquierda se ha apropiado de la palabra revolución. De hecho, ese sector se ha identificado y ha glorificado la Revolución francesa, cuando fue un río de sangre y si lo pensamos fríamente, dicho evento saco lo peor de los franceses. En cambio, poco o nada se habla de la Revolución estado unidense. ¡Y qué decir la revolución rusa! Esta última también constituye un paradigma para la izquierda. Ahí tenemos la expresión 'asaltar al Palacio de Invierno', o en Chile tomarse La Moneda. En el primer gobierno de Piñera vimos cómo los estudiantes liderados por la joven dirigente comunista, Camila Vallejo hicieron varias actividades para manifestar su disconformidad no sólo al frente de la cabeza del gobierno, sino alrededor. Hasta hicieron una corrida alrededor de la casa de gobierno. No les funcionó la primera vez y ahora intentaron hacerlo de nuevo. Por eso pedía que Piñera renunciara. Desde luego que tomarse el Palacio de Invierno, si gobierna un gobernante tiránico al estilo de Salvador Allende o Nicolás Maduro no vale. Menos si dicho gobierno se ha salido de la ley y la Constitución.

   En nuestra historia reciente de Chile, hemos tenido tres revoluciones. La Revolución en Libertad de la Democracia Cristiana que sabemos que fracasó, luego vino la Revolución marxista de Salvador Allende cuyo propósito era una instalar una dictadura comunista por el Acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto de 1973 y que fue la luz verde que emplearon las Fuerzas Armadas y de Orden para derrocar la Unidad Popular. Y finalmente, el Gobierno cívico militar que gobernó el país entre 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990, hizo una revolución económica que fue exitosa. De hecho, el sociólogo Manuel Antonio Garretón se burlada del título del renegado político de la ex derecha, Joaquín Lavín La Revolución Silenciosa, quien ahora es partidario de una nueva constitución.

  Le puse como título ‘Una revolución hacia la izquierda’, pues la palabra ‘revolución’ antes de la Revolución francesa tenía otra connotación. Antes del motín y la insurrección estaba leyendo el libro Sobre la revolución de la filósofa judía alemana, Hannah Arendt, quien analiza la revolución francesa y americana. Y también habla sobre el uso justificado de la violencia.  Esa palabra significó restauración y no crear algo nuevo desde la nada. Así pone como ejemplo, la restauración de la monarquía en Inglaterra, luego de la muerte de Cromwell. Ese acontecimiento se llama la “Gloriosa Revolución”. Dicho sea de paso, el libro lo recomiendo.

  Basándome en ese criterio, puedo decir que los chilenos tuvimos una rebelión contra el gobierno de Allende y luego tuvimos un gobierno de restauración nacional y una revolución económica.

 La revolución marxista de Allende fracaso, con todo, gracias a la cobardía de la ex derecha, que le han hecho creer que la gente humilde de este país era partidaria de él, cuando fue la que más salió perjudica. Lo mismo que ahora con el ataque del 18 y de 19 de octubre al Metro y el posterior atentado a los supermercados. Los más humildes de este país son los que más han sufrido, ya sea porque le incendiaron el supermercado, destruyeron los semáforos y las estaciones del Metro aledañas a sus hogares.

 Como bien hizo observar el diputado Ignacio Urrutia -el día nefasto en que la cámara baja aprobó el Proceso Constituyente- que continuó la violencia, el saqueo y los incendios, después de que las directivas de los partidos firmaran "Acuerdo por la Paz Social, la Democracia y los Derechos Humanos". No sirvió de nada.

 Cuando fui a Valparaíso, vi un rayado a un costado de línea de Metro que decían que se oponía al acuerdo y lo importante era la revolución: "Sin acuerdo ni oposición el pueblo avanza hacia la revolución". Luego, días más tarde apareció otro grafiti en que decía “No hay Break”. La violencia y el saqueo han continuado. Miles de alumnos egresado de cuarto medio no pudieron rendir la PSU, porque una minoría se “tomo” los establecimientos educacionales y de paso aprovecharon de saquear casas y comercio de los alrededores.

  Cuando firmaron ese Acuerdo entre los que estaba Gabriel Boric se supo que el grupo que lo apoyo, estuvo en desacuerdo que el dirigente lo hubiese suscrito. O sea, apoyaron la violencia, el saqueo y los incendios. Entonces, es absurdo que el alcalde de la ciudad puerto, Jorge Sharp que pertenece a la misma tienda que ‘El Mechero’ Boric, se haya quejado por el 27 de noviembre del 2019 por la destrucción de la ciudad:Lo que está sucediendo en sectores del plan de Valparaíso en este momento no tiene nombre. Es solo destrucción, pura destrucción, que no tiene ningún sentido, valor o justificación. Ninguno. Son acciones criminales puras y duras que NO TIENEN NINGUNA RELACIÓN con las manifestaciones sociales, ni con las marchas ni las protestas pacíficas". Varios parlamentarios de su sector se mostraron contrarios a Ley Anti Capucha.

 Estamos en enero del 2020. Los vándalos han destruido peajes. Quemaron la iglesia de Carabineros de Chile. 

En Osorno, quemaron el Edificio Kauak a fines del año pasado, mientras los manifestantes, según el diario El Mundo, gritaban “¡Se están quemando vuestros pisos!

Asimismo, han destruido varias esculturas que están alrededor del Museo de Bellas Artes. En Valparaíso los monumentos están todos rayados o con un baño de pintura.

El último incendio intencional en Valparaíso, en plena Noche Buena, donde un centenar de persona perdieron sus casas. Y el reciente incendio en La Araucanía.

Según el diario español El Mundo a veinte y seis días de la insurrección, que el medio llama ‘protestas’, titula Orgía de fuego y destrucción en Chile contra los símbolos de poder en un reportaje. El periodista escribe: “Los edificios en altura, así como las iglesias, han sido tomados como símbolos de un poder opresor por los manifestantes”.

Los único que no han destruido son las tres estatuas de Allende en la capital y el Museo de la Memoria.

El 4 de noviembre la periodista de la BBC cuenta la historia de una señora en la comuna popular de La Pintana, que nos recuerda cuando los partidarios de la Unidad Popular entraban en propiedades privadas. La señora Ema Sepúlveda de 43 años en el patio delantero de su casa con su hijo Joaquín de 19 años le dice a la reportera: "Tengo grabada la imagen de mi hijo con un palo tratando de defender mi casa. Esto fue un caos, una guerra sin autoridad". De nuevo aparece la palabra guerra. En eso estamos. En el informe de la BBC, aparece una foto de un lugar quemado y destruido con las siguientes palabras abajo: “La falta de presencia de agentes del orden público durante los disturbios causó temor en los habitantes de muchas zonas periféricas de Santiago”. Carabineros no puede hacer nada, porque tiene el gobierno cobarde le tiene amarrada las manos y los distintos organismos de derechos humanos, ya sea nacionales e internacionales los tiene en la mira. Los violentistas y vándalos no les interesa.

No tiene sentido buscarle una explicación a la violencia que la extrema izquierda y la izquierda supuestamente moderada apoya como lo dejo ver el ex ministro de Relaciones Exteriores del segundo gobierno de Bachelet, Heraldo Muñoz, quien dijo para la Radio Agricultura a fines de diciembre pasado: si se llegara a frustrar una nueva Constitución, evidentemente que la movilización que ha ocurrido se incrementaría y no tendríamos la paz social que todo el mundo anhela».


Los supuestos abusos que los dirigentes de la izquierda esgrimen no justifica la violencia, el saqueo a supermercados, farmacias, destrucción de colegios, hospitales y profanación de iglesias. Los únicos templos que han arrasado han sido los de la Iglesia Católica, la cual durante el Gobierno Militar protegió a los terroristas del Mir y del FPMR a través de la Vicaría de la Solidaridad. Esos dirigentes son parte del problema, pues la queja se debió a políticas que ellos implementaron o han resuelto como en la educación estatal o, simplemente, han agravado como en la salud estatal. Además, para solucionar las demandas no se necesita una nueva constitución.  El propósito de ésta última es, pues, cambiar el modelo económico que la izquierda echo a perder. Y  los ataques a las comisarías.


 Si fuesen un poquito más racional, se darían cuenta hace rato que el país ha perdido con la violencia, el vandalismo y las marchas que no son nada pacíficas, pues lo único que pretenden es crear un clima de miedo, inseguridad, entre otras cosas. No les interesa el aumento del desempleo provocado por la extrema izquierda.

 Pretende destruir todo para refundar el país con la vista gorda de las Naciones Unidas.

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